Claro pronunciamiento URUGUAY contra el aborto clandestino

Por Julio María Sanguinetti

El domingo, la ciudadanía se pronunció inequívocamente. La convocatoria a un referéndum contra la ley que despenalizó el aborto no logró calar en la opinión pública y ni siquiera alcanzó el 9% del electorado, cuando necesitaba de un 25% de la ciudadanía.

Se ha terminado el debate y el país se salvó de un retroceso que hubiera sido muy penoso, porque era volver al estigma de la mujer que por necesidad aborta, a la que se le amenaza con la prisión. Obviamente, como el aborto existe, guste o no (y creo que a nadie le gusta, empezando por la mujer en ese angustioso trance), el salto atrás consolidaba la clandestinidad de la práctica.

Uruguay ha dado un paso más en su larga marcha por los derechos de la mujer. Ella es quien decidirá sobre su maternidad y, cuando no se sienta en condiciones de asumir una maternidad responsable, podrá interrumpir su embarazo sin incurrir en una situación delictiva. A esas mujeres, en su gran mayoría muy jóvenes, que se encuentran con el resultado no querido de una relación circunstancial, ante una situación económica que las condicione, o aun a las consecuencias de una violación, no puede imponérseles la situación por mera resignación y así degradar su vida futura.

Detrás de la actitud de ayer está el imaginario liberal del país, esa larga tradición que nos acompaña desde los albores mismos de nuestra historia. También está el Uruguay laico, que ha sabido deslindar —desde hace más de un siglo— lo que es el ámbito del Estado y lo que permanece en la conciencia de cada uno. Por eso, cuando los debates públicos se contaminan de criterios religiosos se produce un bienvenido distanciamiento.

El Estado no podría nunca imponer a la mujer el aborto, como ha ocurrido en países autoritarios que desean controlar la natalidad. Esto sería una agresión enorme a su libertad e integridad personal. A la inversa, tampoco es aceptable que una parte de la sociedad le imponga al conjunto su moral, emanada normalmente de una creencia religiosa, respetabilísima en cada persona pero intransferible a la sociedad. Como dice Savater, no es aceptable que lo que es pecado para algunos se transforme en delito para todos.

A partir de esa ley, ratificada por la ciudadanía, ninguna mujer está obligada a una conducta que no desea. Pero si desea interrumpir un embarazo, podrá acceder a una atención médica segura, salvándola de caer en prácticas clandestinas que han sido una fuente permanente de mutilaciones, daños graves o aun muertes.

Como lo dijimos desde el primer día, este es un tema fundamental de conciencia. Algunos lo definirán según una moral religiosa, otros lo haremos al pie de nuestra siempre exigente moral laica, que ha generado a lo largo de los dos últimos siglos el avance de los derechos de la mujer, tan desconocidos de antiguo.

No es indiferente que el domingo votaran contra la ley, a favor del referéndum, todos los precandidatos del país. En la otra acera quedamos pocos, como nosotros, que polemizamos en los medios que se nos pusieron a nuestros alcance y otros —los legisladores frentistas— inhibidos por el respaldo al recurso de su ex Presidente y eventual candidato. Es revelador que la ciudadanía no se sintió conducida por sus dirigencias y cada cual actuó conforme a su parecer.

Los siempre declarante politólogos dicen que al resultado ocurrió por falta de compromiso de esa dirigencia; puede ser que en parte sea así, pero habría que preguntarse también por qué esa misma dirigencia no se involucró más y la respuesta es muy clara: porque sentían que la opinión pública estaba mayoritariamente del otro lado.

El episodio político y jurídico está terminado y el tiempo dirá cómo se mejoran los procedimientos para preservar la intimidad de las mujeres involucradas y así asegurar al máximo no solo su integridad física sino su personalidad psíquica y moral.

Una vez más, la ciudadanía uruguaya da una lección de madurez. Esperemos que en esta ocasión no se desconozca su pronunciamiento como desgraciadamente ha ocurrido en otros casos. Ya se oyen voces intransigentes que, como en la ley de caducidad, hablan de futuras leyes y hasta de recursos internacionales. La ciudadanía habló y —tal como proclamaban los postulantes del referéndum— decidió. No es democrático, no es republicano, que se continue con un debate que laudó el voto popular.